En la política surgen términos como “aforado” o “recesión económica” cuyo significado no es del todo claro. Para que entendáis un poco más la actualidad política, os ofrecemos una explicación fácil de en qué consiste ser aforado y una lista de los que gozan de esta condición en España.
Un aforado es alguien que, por su condición personal o profesional (normalmente por un cargo en la política o en la administración pública), está exento de participar en procesos judiciales por los tribunales ordinarios. He aquí el primer matiz: que una persona esté aforada no implica que no pueda ser investigada o juzgada, sino que únicamente determinados tribunales tienen competencia para hacerlo.
La figura del aforado viene determinada por la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determinan quiénes están en esta situación jurídica. Más adelante señalaremos una lista de los cargos que gozan del aforamiento, entre los que se encuentra el Presidente del Gobierno.
El aforamiento no debe confundirse con el fuero parlamentario, también llamado “inmunidad parlamentaria” o “inmunidad legislativa”. El fuero parlamentario es el sistema por el cual se rigen la mayoría de países democráticos de Europa. Según el mismo, la cámara parlamentaria tiene la capacidad de eliminar la inmunidad legislativa a un determinado cargo en cualquier momento.
No sucede lo mismo con al aforamiento. En el caso de España, el aforado será juzgado o investigado por tribunales específicos según el caso.
El motivo del aforamiento es, a priori, eliminar cualquier tipo de presión política que pueda sufrir un tribunal ordinario al investigar o juzgar un cargo de importancia. El aforamiento se sustenta en la separación de poderes, entendiendo que el Tribunal Supremo o un órgano superior no sufren presiones políticas. Esta última afirmación puede encender un acalorado debate que no viene al caso.
Un ciudadano de a pie puede pensar que ser aforado tiene sus ventajas, ya que uno no puede ser juzgado por un tribunal ordinario y, por lo tanto, puede evadir fácilmente la justicia.
Efectivamente, es más difícil que un proceso judicial prospere, pero hay quienes defienden que el aforamiento tiene otra cara. Los defensores de este sistema esgrimen que un aforado pierde el derecho de recurrir a un tribunal superior, ya que está siendo juzgado por el máximo órgano competente. Eso da pie al segundo debate sobre el aforamiento: ¿Hay más ventajas o desventajas?
Hay casi 250.000 aforados en España, una cifra desorbitada que tiene una explicación sencilla: más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. En el caso concreto de España, existen varios grados de inmunidad o aforamiento que detallamos a continuación.
El 19 de junio de 2014, Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI de España. El gobierno español, formado por el Partido Popular, aprobó el aforamiento de los reyes eméritos, de la reina Letizia y de la princesa de Asturias. En el caso del Rey, su situación es mucho más privilegiada, ya que no puede ser investigado en ningún caso, ni siquiera por el Tribunal Supremo.
El segundo grado lo ocupan los diputados y senadores, que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo y tras la autorización del pleno de la Cámara, lo cual hace más difícil que se vean envueltos en un proceso judicial. Según la Constitución, ninguno de ellos puede renunciar a su fuero y su protección se extiende al ámbito privado.
Los miembros del Gobierno, altos cargos del estado y cúpula del poder judicial solo pueden ser enjuiciados por el Supremo, aunque no es necesaria la autorización de la cámara para que eso suceda. Esta protección también se extiende a su vida privada, no solo a su actividad política.
Los miembros de gobiernos autonómicos y parlamentarios autonómicos serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía y no por los tribunales ordinarios. Esto puede cambiar según el estatuto de cada región, o en algunos casos, tras el resultado de un referéndum.
En el caso de los jueces y los fiscales, serán investigados o juzgados por Tribunales Superiores por sus hechos en el ejercicio de sus cargos. Es decir, si pillan a un juez conduciendo borracho, será juzgado por un tribunal ordinario, ya que no tiene nada que ver con sus funciones.
Por último, encontramos los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado que serán investigados o juzgados por las Audiencias Provinciales por hechos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Varios grupos parlamentarios han tratado reiteradas veces de poner sobre la mesa este asunto, exigiendo una reforma de la Constitución Española o una ley orgánica que reduzca el número de “privilegiados”. En setiembre de 2018, Ciudadanos y PSOE han vuelto a encender el debate en España con sendas propuestas.
Algunos afirman que urge una “regeneración democrática” para eliminar ciertos privilegios en la clase política, mientras que otros sostienen que el aforamiento es un sistema válido para eliminar presiones políticas en algunos procesos judiciales y un mecanismo para garantizar la separación de poderes.
GAREA, F. No todos los aforados son iguales y no todo son privilegios. El País, 29 de agosto de 2014.
PRESNO, M.A. Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, ¿garantías o privilegios? Eldiario.es. 29 de agosto de 2014.
Aforamiento político: anacronismo legal según los jueces. Diario Jurídico. 14 de febrero de 2013